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DECRETO 2150 DE 1995

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    DECRETO 2150 DE 1995

    | DECRETOS | 0 comentarios | 5 diciembre, 1995 | 0
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    NOTAS DE VIGENCIA
    Vigente
    Reglamentado (el Capítulo II del Título y el Capítulo XV del Título II del ) DECRETO 427 de 1996
    Modificado en lo pertinente Artículo 67 LEY 454 de 1998


    Ver en SUIN-JURISCOL

    DECRETO 2150 DE 1995

    (diciembre 5)

    Diario Oficial No. 42.137 de 6 de diciembre de 1995 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

    Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

    EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

    en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, oída la opinión de la Comisión prevista en dicho artículo, y

    CONSIDERANDO:

    DECRETA:

    TÍTULO l.

    RÉGIMEN GENERAL

    CAPÍTULO l.

    ACTUACIONES GENERALES

     

    ARTÍCULO 1 o . SUPRESIÓN DE AUTENTICACIONES Y RECONOCIMIENTOS A las entidades que integran la Administración Pública les está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente.

     

    ARTÍCULO 13. PROHIBICIÓN DE EXIGIR COPIAS O FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE POSEEN. <Ver Notas del Editor> En todas las actuaciones públicas, queda prohibida la exigencia de copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder, o a los que la entidad pública tenga facultad legal de acceder.

     

    ARTÍCULO 16. SOLICITUD OFICIOSA POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 962 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario.

    Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración.

    El envío de la información por fax o cualquier otro medio de transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá de prueba en la actuación de que se trate siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite.

    Cuando una entidad pública requiera información de otra entidad de la Administración Pública, esta dará prioridad a la atención de dichas peticiones, debiendo resolverlas en un término no mayor de diez (10) días, para lo cual deben proceder a establecer sistemas telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir información de uso frecuente por otras autoridades.

     

    ARTÍCULO 18. PROHIBICIÓN DE RETENER DOCUMENTOS. <Artículo modificado por el artículo 23 de la Ley 962 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Ninguna autoridad podrá retener la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, la licencia de conducción, el pasado judicial, la libreta militar, o cualquier otro documento de las personas. Si se exige la identificación de una persona, ella cumplirá la obligación mediante la exhibición del correspondiente documento. Queda prohibido retenerlos para ingresar a cualquier dependencia pública o privada.

     

    ARTÍCULO 19. SUPRESIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 962 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Para el pago de las obligaciones contractuales contraídas por las entidades públicas, o las privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos públicos, no se requerirá de la presentación de cuentas de cobro por parte del contratista.

    Las órdenes de compra de elementos o las de prestación de servicios, que se encuentren acompañadas de la oferta o cotización presentada por el oferente y aceptada por el funcionario competente, no requerirán de la firma de aceptación del proponente.

    Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de la expedición de la factura o cualquier otro documento equivalente cuando los Tratados Internacionales o las Leyes así lo exijan.

     

    ARTÍCULO 26. UTILIZACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO Y TRANSMISIÓN DE DATOS. Las entidades de la Administración Pública deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para, que los usuarios envíen o reciban información requerida en sus actuaciones frente a la administración.

    En ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares, sin perjuicio de los estándares tecnológicos que las entidades públicas adopten para el cumplimiento de algunas de las obligaciones legales a cargo de los particulares.

     

    ARTÍCULO 29. EXPEDICIÓN DE ACTOS Y COMUNICACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Todos los actos administrativos a través de los cuales se exprese la administración pública por escrito deberán adelantarse en original y un máximo de dos copias. Una de éstas deberá ser enviada para su conservación y consulta al archivo central de la entidad.

     

    TÍTULO III.

    DISPOSICIONES FINALES

    ARTÍCULO 150. AFECTACIÓN. Nada de lo dispuesto en el presente decreto afectará las disposiciones vigentes cuando las regulaciones, trámites o procedimientos se encuentren consagrados en códigos, leyes orgánicas o estatutarias.

     

    ARTÍCULO 15 1. SANCIONES. El desconocimiento de las obligaciones impuestas a los servidores públicos en el presente decreto será considerado falta gravísima, sancionable conforme a lo dispuesto en el Código Disciplinario Único.

    ARTÍCULO 15 2. VIGENCIA. Las normas contenidas en el presente decreto entrarán a regir a partir de su publicación, con excepción de las contenidas en el Capítulo II del Título I y en el Capítulo XV del Título II, las cuales entrarán a regir 3 meses después de la fecha de dicha publicación en el Diario Oficial.

     

    Publíquese y cúmplase.

     

    Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 5 de diciembre de 1995.

     

    ERNESTO SAMPER PIZANO

     

    El Ministro de Justicia y del Derecho,

     

    NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA__

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